Por David Dorantes
Desde que inicio el proyecto del gasoducto marino Texas – Tuxpan, llamó la atención de las miradas internacionales por tratarse del poliducto más ambicioso del continente americano que se construiría en el fondo del mar, en este caso ubicado en el Golfo de México, uniendo a dos países. Sin duda, este gran reto de ingeniería merece mayor visibilidad y ahora también más transparencia.
En la reunión privada que sostuvieron directivos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con el gobernador de Tamaulipas, en esa oportunidad expusieron que los costos de desarrollo y el reto de ingeniería eran mayores pero no tanto a lo que se tendrían que afrontar contra la inseguridad que existe al hacerlo terrestre, en el que no contaban con las garantías para los trabajadores que estarían en la construcción y menos para que una vez concluido el ducto se mantuviera en resguardo de las ordeñas. Triste realidad que también expusieron al entonces gobernante de Veracruz, quien actualmente está preso.
La construcción del mega ducto Los Ramones I y Los Ramones II también afrontó el mismo reto de seguridad por lo que era resguardado durante su construcción por el Ejercito Mexicano, además de la supervisión de la Secretaría de Gobernación. En ese otro gran reto de ingeniería en el que México se destacó a nivel mundial, por las complicaciones de la geografía por donde pasa este gasoducto, así como el tiempo record para lograr tenerlo en tiempo, fue plasmado en un documental de National Geographic.
El Texas – Tuxpan no ha tenido el mismo acompañamiento, además de contar con tan poca visibilidad, así como vinculación social con las comunidades que se han visto invadidas por su construcción, desde su anuncio se convirtió en un foco constante de polémica. Recientemente la jueza Décimo tercero de distrito, Nancy Juárez Salas, ordenó la suspensión provisional, de acuerdo con la resolución al amparo promovido por pescadores de Tamaulipas, con lo que se detuvo la construcción de la empresa TransCanada con una inversión de dos mil 100 millones de pesos.
Pero resulta que no fue el único litigio que afronta la empresa de Canadá, para permitir el avance de la construcción acaba de salir Arturo Esquitin Ortiz, diputado local de Veracruz, quien desestimó 40 millones de pesos que pretendía la canadiense cubrir como indemnización a los pescadores de Tamiahua, exigiendo un monto de 3 por ciento del contrato original de la gasera.
Como sí fuera poco, promovido por el Consejo Regional de Pueblos Originarios en Defensa del Territorio de Puebla e Hidalgo, el segundo tribunal colegiado en materia administrativa del sexto circuito concedió al poblado otomí de San Pablito, municipio de Pahuatlán, la suspensión de las obras del gasoducto Tuxpan – Tula que es la parte terrestre que conectaría al marino Texas – Tuxpan, por afectaciones al medio ambiente.
Sin duda, en este tipo de mega proyectos que son atraídos por la reforma energética merecen un extraordinario ejercicio de comunicación institucional y de vinculación social para proporcionar la correcta información de estos desarrollos. ¿Usted qué opina? www.daviddorantes.mx
